En Rivadavia, más de cinco mil jubilados que dependen del PAMI se han visto súbitamente privados de un derecho básico: la posibilidad de acceder a distintos profesionales de la salud, clínicas o servicios ambulatorios según su necesidad. La decisión de concentrar gran parte de la atención en la CLÍNICA DEL ESTE se tomó sin consulta previa a los beneficiarios ni razones públicas claras, reduciendo de manera drástica las alternativas disponibles.

La medida tuvo, además, un efecto inmediato y devastador sobre otro prestador histórico del departamento: mediante una carta documento, el PAMI retiró 5.150 cápitas a la CLÍNICA DEL SOL sin dar motivos. Este traspaso hacia la Clínica del Este de Rivadavia y la Clínica A Mano de San Martín no solo dejó al borde del cierre a un efector fundamental para la región, sino que también amenaza con provocar despidos masivos y arrastrar a decenas de familias a una situación crítica.

La salud no es únicamente un servicio técnico, sino un ámbito donde se define quién accede, en qué condiciones y con qué dignidad. La concentración de cápitas en pocas instituciones priva a los afiliados de alternativas y convierte al paciente en un cautivo de decisiones burocráticas  que no consideran sus necesidades reales.

El problema no es meramente administrativo. Cuando el poder político deja de garantizar condiciones mínimas de subsistencia —cuando impide que las personas puedan decidir dónde y cómo atenderse— se erosiona la legitimidad del Estado y la confianza en la democracia. Un gobierno que limita la libertad de atención en cuestiones vitales no solo degrada a los mayores a meros objetos pasivos, sino que además rompe el pacto social más elemental: el de proteger a los más frágiles.

La omisión política de este cambio es, quizá, aún más grave. Diputados, concejales e incluso el propio Intendente guardan silencio, como si la cuestión no les concerniera. Se diría que la política local y nacional ha caído en una especie de indiferencia cómplice: la renuncia a afirmar valores y a tomar posición frente a lo intolerable. No se trata de ideología abstracta, sino de un hecho concreto que atraviesa la vida cotidiana de miles de personas mayores, muchas de ellas sin recursos económicos ni familiares que compensen la pérdida.

Frente a esta situación, surgió una reacción genuinamente democrática: la irrupción de quienes son tratados como invisibles en el espacio público, frente a la sede del PAMI en Rivadavia. Si los representantes callan, serán los propios jubilados, sus familias y la comunidad en general quienes deban transformar este malestar en acción y mensaje político, obligando a quienes ocupan cargos a responder a la altura de su mandato.

En conclusión, la concentración de la prestación de salud del PAMI en pocas clínicas no es un simple reordenamiento administrativo, sino una decisión que reduce derechos y pone en riesgo la red sanitaria local. Defender la dignidad y la autonomía de los adultos mayores no es un capricho, sino la condición mínima para sostener el tejido social argentino. Recordar que la política es el arte de “crear posibilidades de vida” se vuelve, en este contexto, un imperativo ético ineludible.

No se puede reducir la discusión a números o trámites. Hablar de salud es hablar de la posibilidad de vivir con respeto, cuidados y compañía en la etapa más vulnerable. Y garantizar eso no es solo una obligación política: es un acto de humanidad.

Desde las redes sociales se ha convocado para mañana lunes a las 10:00 a reunirse en la explanada de la Municipalidad de Rivadavia, para reclamar a las autoridades municipales alguna intermediación ante este conflicto.

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