El líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, fue procesado por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado Nacional. La orden fue emitida el juez federal Sebastián Casanello, quien consideró tener las pruebas suficientes para comprobar que el dirigente social desvió cerca de 360 millones de pesos que estaban destinados al programa Potenciar Trabajo.

Las presuntas maniobras que realizó Belliboni eran a través de la emisión de facturas truchas mediante una red de empresas relacionadas a sus personas o a su círculo político. Por estos motivos, Casanello también le emitió un embargo  de 390 millones de pesos. El fiscal Eduardo Pollicita fue el responsable de reunir gran parte de estas pruebas.

En la investigación hay unas 16 personas sospechadas de participar de esta red, todas pertenecen al Polo Obrero. El mecanismo que utilizaban era enviar fondos del Potenciar Trabajo a empresas “truchas” para justificar la utilización de la plata que le deba Desarrollo Social. Estas firmas son la imprenta Rumbos, Coxtex, Ricoprint y Carlos Osvaldo Monfrini, proveedor de handies..

“Se asentó falsamente la compra de productos para justificar los desembolsos realizados, sino también los cheques que fueron posteriormente entregados a empresas distintas de las formalmente consignadas en las rendiciones de gastos, para concretar el desvío postulado”, manifestó Casanello.

A su vez, la Justicia sostiene que gran parte de esa partida presupuestaria se utilizó para financiar la campaña electoral del Frente de Izquierda durante 2023. La Justicia ya probó que la imprenta Rumbo, domicilio fiscal en la sede del Partido Obrero, realizó aportes y hasta contrató a una empresa de publicidad para que trabaje en la campaña del espacio.

Otros miembros del PO Que fueron procesados son  Mariano Alejandro Centanni (tesorero del Polo Obrero) y Elizabeth del Carmen Palma, que si bien no participó de la firma de los convenios, suscribió las facturas y los recibos vinculados a las firmas Rumbos y Miniso Trade.

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